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viernes, 30 de julio de 2010

La proposición de ley del PP en defensa de la Fiesta de los toros, que el PSOE no votará

El Grupo Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados su proposición de ley para proteger "especialmente en estos momentos" la fiesta de los toros en todo el país "en condiciones de libertad e igualdad en todo el territorio nacional".

La iniciativa se presenta como consecuencia de la decisión del Parlamento catalán  de prohibir las corridas de toros en Cataluña a partir de 2012.

Con esta proposición de ley, el principal partido de la oposición pretende modificar un artículo de la Ley sobre Potestades Administrativas en materia de espectáculos taurinos y una disposición adicional, pero plantea además añadir una disposición adicional nueva a esta norma.

En concreto, propone una mejora del artículo 1 para que se proteja la fiesta de los toros por su "interés cultural y turístico" y que sea el Estado quien, en el uso de sus competencias exclusivas recogidas en los artículos 149.1.1., 149.2 y 44 de la Constitución,  garantice la igualdad de los españoles en el ejercicio de su derecho al acceso a la fiesta de los toros, como parte del patrimonio cultural en todo el territorio nacional.

En en la exposición de motivos que, pese a que muchas de las competencias en materia de cultura corresponden a las comunidades autónomas, es el Gobierno el que ser "el principal garante" de "promover y tutelar" el acceso a la cultura "en todas sus manifestaciones" con independencia del lugar en el que residan.

El PSOE ya anunciado que pretende votar en contra de la iniciativa del Grupo Popular, porque de hacerlo se abriría una "crisis institucional" con la Generalitat, socios del Gobierno.  Esta postura del Gobierno contrasta con las declaraciones públicas manifestadas por distintos ministros, diputados nacionales y barones territoriales que han rechazado la abolición del Parlamento catalán en los últimos días, lo que da una nueva muestra de la doble moral de la clase política de nuestros días.

Texto íntegro del documento

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 124 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición de Ley modificativa de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos.


Madrid, 29 de julio de 2010

Fdo.:    Soraya SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
            PORTAVOZ   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española consagra en su primer artículo, como valores superiores del ordenamiento jurídico, la libertad y la igualdad de todos los españoles.

En virtud de este precepto, los poderes públicos tienen la obligación de regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, tal y como señala el artículo 149.1.1º de nuestra Carta Magna.

Entre estos derechos se encuentra el acceso a la cultura, recogido en el artículo 44, donde la garantía de la igualdad del ejercicio de este derecho por parte de los poderes públicos se explicita de manera clara en la obligación de promoción y tutela.

A pesar de que muchas de las competencias en materia de cultura corresponden a las Comunidades Autónomas, la voluntad de nuestros constituyentes, en la definición de nuestro modelo de Estado, fue la  de considerar la cultura además de como un derecho de los ciudadanos como un deber y atribución esencial del Estado. El Gobierno de la Nación se convierte así en el principal garante de promover y tutelar el acceso a la cultura en todas sus manifestaciones al que todos los ciudadanos tienen derecho, independientemente del lugar en el que residan.

Dentro la riqueza del acervo cultural español, la fiesta de los toros es una de las manifestaciones más importantes y con mayor tradición y atractivo turístico. Su reconocimiento popular y su repercusión en otro tipo de actividades artísticas llegan, sin excepción, a todas las partes del territorio nacional y ha trascendido a nuestras fronteras convirtiéndose en una de las principales señas de nuestra expresión cultural y en un importante atractivo turístico.

La regulación de la fiesta de los toros en España se recoge en la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, que dando por sentado el derecho de los españoles de disfrutar en condiciones de libertad e igualdad de los espectáculos taurinos se limitaba a regular aspectos administrativos relacionados con la preparación, organización y celebración de dichos espectáculos.

Sin embargo, resulta especialmente necesario en estos momentos garantizar la protección por parte de los poderes públicos de la fiesta de los toros como parte esencial de nuestro patrimonio cultural y turístico.

Y entre esos poderes públicos, es el Estado el principal garante de esa protección en todo el territorio nacional y cualquier cambio en este régimen especial de protección debe ser aprobado a través de una ley de las Cortes Generales.

Así, la presente modificación legislativa persigue como objeto recordar el derecho de los ciudadanos a acceder a la fiesta de los toros y el deber de los poderes públicos de garantizar este derecho en condiciones de libertad e igualdad en todo el territorio nacional.

Por todo ello, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,  propone la siguiente Proposición de Ley:

ARTÍCULO ÚNICO: Modificación de los siguientes artículos de la Ley 10/1991 de 4 de abril.

1.         Se modifica el artículo 1 que quedará redactado como sigue:

“Artículo 1. Objeto y ámbito de la Ley.
El objeto de la presente Ley es la protección de la fiesta de los toros por su interés cultural y turístico así como la regulación de las potestades administrativas relacionadas con la preparación, organización y celebración de los espectáculos taurinos, al objeto de garantizar los derechos e intereses del público que asiste a ellos y de cuantos intervienen en los mismos.

El Estado en el uso de sus competencias exclusivas, en virtud de los dispuesto en los artículos 149.1.1, 149.2 y 44 de la Constitución Española, deberá garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio de su derecho al acceso a la fiesta de los toros, como parte de nuestro Patrimonio Cultural., en todo el territorio nacional”

2.         Se modifica la Disposición Adicional:

“Disposición Adicional Primera

Lo establecido en la presente Ley será de aplicación general en defecto de las disposiciones específicas que puedan dictar las Comunidades Autónomas con competencia normativa en la materia, correspondiendo su ejecución a los órganos competentes de aquéllas, sin perjuicio de las facultades atribuidas al Estado en relación con los espectáculos taurinos, en especial en lo que se refiere a la protección de la fiesta de los toros por su interés cultural y turístico.

Cualquier cambio en el régimen especial de protección de la fiesta de los toros exigirá un ley aprobada por las Cortes Generales.

La obligación de comunicar a los Gobernadores civiles (léase Delegado o Subdelegado del Gobierno) la celebración de espectáculos taurinos y la facultad de suspensión o prohibición de los mismos por razón de posibles alteraciones del orden público o la seguridad ciudadana, previstas en el artículo 2, serán de aplicación directa en todo el territorio nacional al amparo del artículo 149.1.29. de la Constitución.

3.         Se añade una nueva Disposición Adicional:

Disposición Adicional Segunda

A los efectos de lo establecido en la presente Ley, el Gobierno aprobará los instrumentos de protección necesarios en atención al interés cultural y turístico, tanto nacional como internacional, de la fiesta de los toros.


ANTECEDENTES

  • Constitución Española.
  • Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos

sábado, 19 de junio de 2010

Los aficionados piden a Esperanza Aguirre un cambio copernicano para Las Ventas

Madrid, 19 junio 2010.-
Diez asociaciones de aficionados de Madrid se han dirigido a la Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, solicitando que no se conceda la prórroga en el contrato de explotación de Las Ventas a la empresa Taurodelta y que se replantee lo que ahora se llama  Feria del Aniversario.

La petición la suscriben la Federación Taurina de Madrid, la Unión de Abonados y Aficionados, la asociación “El toro”, la Asociación de Abonados de Madrid, la asociación Casa de Córdoba, las Peñas “Los de José y Juan”, “El 7”, “El Puyazo” y “Los Cabales” y el Club Taurino Madrileño. La representación no puede ser más amplia ni más diversa: se reúnen todas las sensibilidades de la afición que acude a Las Ventas.  El dato no es baladí. Ni por la diversidad de firmantes, ni por lo inusual de que todos ellos coincidan en unos puntos fundamentales, ni por el propio tono del escrito: no se puede pedir más corrección y mesura.

Obviamente, se parte de un análisis tan crítico como razonado de lo ocurrido en Las Ventas en los dos recientes abonos. Consideran que Taurodelta confeccionó los carteles “más anodinos, sosos, pobres y sin interés que se recuerdan en toda la historia de la Feria”,  incumpliendo de forma reiterada las cláusulas A, B y D del pliego de adjudicación. Pero de ello no eximen de responsabilidad a la propia Comunidad, por cuanto elaboró y hoy mantiene “un Pliego pensado exclusivamente para ganar el máximo dinero posible de los toros… desentendiéndose de la calidad de los festejos y de los intereses de los profesionales de la Fiesta y de los aficionados”.

Por todo ello solicitan de Esperanza Aguirre seis medidas:
no conceder la prórroga del contrato a Taurodelta
modificar el sistema de gestión de la Plaza, para que la propia Comunidad tenga una intervención más directa y decisoria
suprimir la feria del Aniversario y reestructurar la programación de todos los espectáculos: que San Isidro vuelva a ser una feria del máximo interés y que el resto de la temporada se potencie
establecer la figura del Defensor del abonado-aficionado
recuperar la Venta de El Batán
instaurar un procedimiento de participación de los aficionados en la gestión de la temporada.

Como bien dicen las agrupaciones firmantes, “estas medidas no garantizan festejos memorables. Luego, el toro tiene que embestir y el torero tener el valor y el arte precisos. Pero, al menos, sí aseguran un enfoque cultural de la gestión de la Fiesta, en coherencia con la declaración de la Tauromaquia como Bien de Interés Cultural, actualmente en tramitación, iniciativa en la que estamos apoyando a la Comunidad”.

Resulta casi imposible no coincidir con este diagnóstico y con las peticiones que le siguen, en la medida que responden literalmente con la realidad. Pero dicho lo cual hay que afirmar también que pueden abrigarse muy serias dudas de que la Comunidad haga otra cosa distinta que acusar recibo del escrito, si es que protocolariamente lo hace.

Y esto no es ser pesimista. Esto es, simplemente, aplicar al pie de la letra las declaraciones lamentabilísimas del Vicepresidente de la Comunidad a la cadena COPE y las no menos imprudentes del Director Gerente del Centro de Asuntos Taurinos a distintos medios digitales.

Por ejemplo, con una imprudencia casi escandalosa en cargos políticos, confesaban una proximidad con Taurodelta a todas luces innecesaria e impropia: aunque se tenga de ellos la mejor opinión y la mayor proximidad, unos políticos --que son los contratantes-- no pueden pronunciarse tan paladinamente como lo hicieron. No es que estuvieran encantados, es que, pese a todo lo que estaba cayendo, dejan más que entrever que la prórroga estaba ya decidida. Y no es peor la imagen de maridaje contratante-contratado, que en algunos pasajes de las citadas declaraciones provocaban sonrojo entre los bienintencionados; entre los mal pensantes, mejor no especificar.

Por otro lado, razón les sobra a los aficionados en la petición de suprimir la Feria del Aniversario. Aquello se inició por dos causas: un hecho circunstancial, el verdadero aniversario, y una fórmula para aliviar el bolsillo de los abonados: se acortaba en una semana los sanisidros –que era el abono obligatorio— y los festejos suprimidos se trasladaban a otro abono voluntario. Y todo ello, de paso, asumiendo la Comunidad riesgos económicos ante las posibles pérdidas de esta segunda serie de festejos. La idea no era mala. Lo que ocurre es que luego la empresa adjudicataria, esto es: Taurodelta, se dedicó a trasvasar carteles de interés del abono principal al secundario, para salvar este segundo. Total, que entre unos y otros han hecho bueno el comentario de un castizo: “los aniversarios como mejor se celebran es con una tarta de velitas,  sin más inventos, que luego los carga el diablo”.

Reconociendo que todas las demás peticiones están sobradas de razón, conviene fijarse sobre todo en una de ellas: modificar el sistema de gestión, para implicar más a la Comunidad y a la propia afición, que es como la auténtica conclusión de todo el escrito. En efecto, la verdadera revolución de Madrid radica ahí.

Nadie discute que Madrid es mucho más que una simple Plaza: es el centro del universo taurino. En consecuencia, hay que gestionarla con esa visión amplia de quien es consciente que tiene en sus manos el nudo gordiano de la Fiesta. Todo lo que en ella ocurre, repercute, claro está, en la afición capitalina; pero, sobre todo, tiene una influencia decisoria en el resto del orbe taurino. Siendo así que los propietarios del coso se ciñan  a una gestión meramente económica no sólo es un error mayúsculo, sino un daño grave para la globalidad del toreo. Por eso, este proceder nada tiene que ver con ningún género de intervencionismo de lo público en lo privado; toma su razón de ser de algo más profundo: precisamente como la Fiesta es un Bien Interés Cultural y que hoy como ayer Madrid ejerce una influencia definitiva  en todo lo taurino, su gestión debe situarse muy por encima de criterios mercantiles, porque este caso concreto es mucho más con un negocio. De ahí que no se pueda gestionar desde la base de un concurso de adjudicación que, en el fondo, no deja de ser una subasta, por más que se le sobrepongan matices reglamentarios..

En lo taurino y en lo no taurino, modelos experimentados hay en la actualidad. Y no hay  que fijarse en Pamplona y en sus Sanfermines, que es un caso totalmente singular e irrepetible. Baste pensar en la conocida como gestión interesada, por ejemplo. Claro que eso no se puede llevar a cabo a base de amigos y amateurs, que vienen bien cuando se trata de que todo se apruebe y todo se aplauda; eso exige dedicación, profesionalidad y transparencia.  

©Antonio Petit  Caro